Endurecen leyes civiles y penales en Tamaulipas

Por Ramon Mendoza S/ Reportero

El Congreso del Estado endureció las políticas legislativas ante el aumento del delito de despojo en Tamaulipas y dio paso a una reforma de alto impacto que promete cerrar el cerco contra invasores y funcionarios que obstaculicen la justicia.

En comisiones unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia, la diputada María del Rosario González Flores presentó el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Civil y del Código Penal del Estado, con el objetivo de reforzar los derechos de las víctimas y endurecer las obligaciones de las autoridades frente a este delito que vulnera el patrimonio de cientos de familias.

El despojo, de acuerdo con la legislación vigente, se configura cuando una persona ocupa un bien inmueble ajeno o ejerce un derecho real que no le pertenece, afectando directamente derechos humanos y patrimoniales. Sin embargo, el alza en su incidencia entre 2023 y 2025 —según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— encendió las alarmas en el Poder Legislativo.

Uno de los cambios más relevantes es la reforma al artículo 499 del Código Civil del Estado, ampliando de seis meses a dos años el plazo para interponer el interdicto y recuperar la posesión de un inmueble despojado. Con ello, se busca brindar mayor margen a las víctimas para acceder a la justicia y recuperar su patrimonio.

La segunda vertiente de la iniciativa golpea directamente a servidores públicos que retarden, entorpezcan o manipulen la administración de justicia en casos de despojo. Se reforman los artículos 222 y 233 del Código Penal para imponer sanciones más severas, incluyendo multas de 100 a 150 UMAs y penas de 4 a 10 años de prisión para quien incurra en ejercicio abusivo de funciones, valiéndose de información obtenida por su cargo para beneficiarse directa o indirectamente.

La reforma también precisa que el beneficio puede derivarse tanto de actos lícitos como ilícitos, cerrando cualquier resquicio legal que permita la impunidad.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que consideró viable el proyecto al estimar que brinda mayor seguridad jurídica a las víctimas y fortalece la prevención, investigación y sanción del delito.